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Comisión por la Justicia y la Verdad determinó graves violaciones a DDHH entre 1958-1998 en Venezuela

Comisión por la Justicia y la Verdad determinó graves violaciones a DDHH entre 1958-1998 en Venezuela

Caracas, 27 de marzo de 2017.- El ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales, como principios y valores que motorizan la actuación del Estado venezolano, deben seguir siendo la agenda de acción de las instituciones nacionales para acompañar las demandas sociales como fórmula inequívoca de garantía de los derechos humanos.

La recomendación la formula la Comisión Presidencial por la Justicia y la Verdad en el informe final Contra el Silencio y el Olvido por la Justicia y la Verdad, cuya conclusión señala graves violaciones de los derechos humanos y la perpetración de crímenes de lesa humanidad  por “terrorismo de Estado” en Venezuela, en el lapso comprendido entre 1958-1998, conocido ya en la historia contemporánea del país como IV República.

Este informe, que es el resultado de una larga, rigurosa, metodológica y científica investigación con duración de 4 años, que abarcó un período de  40 años de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, certifica que el período examinado “terminó con la contabilización total de 10.071 víctimas, de las cuales 459 corresponden a desapariciones forzadas de personas (283 identificadas y 176 sin identificar) y 1.425 personas asesinadas”. También se logró la ubicación de 19 restos de personas desaparecidas.

Fueron recibidas un total mil 387 denuncias, todas asociadas a la violación de derechos humanos y se revisaron 16 mil 630 expedientes.

La investigación determinó la instalación de seis Teatros de Operaciones (identificados por las siglas TO) y más de 20 campamentos técnicos, donde aplicaban interrogatorios con equipos especializados en prácticas de tortura que incluían al personal médico. Estos recintos, casi en su totalidad fueron inspeccionados por parte de los expertos de la comisión

Con fundamento en esas visitas técnicas se concluyó que los TO, además de torturas e interrogatorios, también eran utilizados para desaparecer a personas. Entre otros métodos de martirio se simulaban enfrentamientos armados (falsos positivos) y sembraban evidencias para el procesamiento penal contra aquellas personas que se resistían a las políticas represivas del Estado.

El trabajo identifica a los represores materiales, así como también a las líneas de mando bajo las cuales se presume que actuaron. Igualmente señala a quienes aún continúan evadidos de la justicia y prófugos, precisa que falta gente por procesar por desapariciones forzadas y personas por identificar; incluso, órdenes de captura que no han sido materializadas.

Usualmente, a lo largo de esos 40 años, eran suspendidas las garantías constitucionales, y era práctica común la ilegalización de partidos políticos de izquierda, y en diversas ocasiones se materializaron allanamientos a la inmunidad parlamentaria, incluso hubo diputados detenidos, como es el caso de David Nieves, Salom Meza Espinoza.

El ente de investigación no considera cerrada la cifra de víctimas, ya que el terrorismo de Estado en la época golpeó a decenas de miles de personas, sometidas al terror de los cuerpos de seguridad, por medio de allanamiento masivo de viviendas, represión armada de manifestaciones pacíficas, desplazamiento intempestivo de población urbana y rural o privaciones ilegítimas de libertad.

El documento fue preparado por equipos de trabajo multidisciplinarios que incluyeron fiscales de protección de derechos fundamentales, expertos forenses y criminalistas del Ministerio Público, en conjunto con integrantes de la Comisión por la Justicia y la Verdad -bajo la tutela de la Fiscalía General de la República- quienes realizaron las diligencias necesarias de reconstrucción de los hechos y armaron, tras un arduo trabajo, un voluminoso expediente de 800 páginas en que se solicitan las sanciones correspondientes para reivindicar a las víctimas.

La Comisión por la Justicia y la Verdad fue creada  por disposición de la Ley Para Sancionar Los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones Políticas en el Periodo 1958 – 1998 (mejor conocida como ley contra el olvido), publicada en Gaceta Oficial N° 39.898  de fecha  25 de noviembre de 2011.

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